Comentario

El trabajo de los inspectores de la ONU para evitar que Iraq volviera a dotarse de armas de destrucción masiva fue en estos años un tema de fricción constante, una especie de juego del gato y el ratón entre Bagdad y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hasta que los inspectores dejaron definitivamente el suelo iraquí, en el año 2000.
Los resultados de las inspecciones fueron recogidas por Scott Ritter, inspector de armamento y jefe de la unidad de (contra) ocultación de la misión de Naciones Unidas en un informe entregado en junio de 2000. En él, Scott desentraña los tira y afloja con el Gobierno de Saddam: "Iraq negó tener un programa de armas biológicas hasta junio de 1995 -señala Scott-, cuando la misión de la ONU demostró con pruebas que se había adquirido de forma masiva productos que no tienen ninguna otra explicación. Aun así, Iraq no admitió tener un programa bélico de armas biológicas hasta después de la deserción de Hussein Kamel, yerno de Saddam Hussein y responsable de los programas de armas de destrucción masiva en Iraq, en 1995. En aquel entonces, Iraq reconoció haber armado 25 ojivas de Scud y 157 bombas con armas biológicas".

Las conclusiones del informe Ritter sobre la capacidad de destrucción del ejército iraquí no fueron bien acogidas por todo el mundo: "De 1994 a 1998 -afirma Scott Ritter- Iraq estuvo sujeto a un estricto programa de supervisión continua de sus instalaciones industriales y de investigación susceptibles de ser nuevamente utilizadas en las actividades prohibidas. Esta labor de supervisión proporcionó a los inspectores una visión detallada de las capacidades, tanto presentes como futuras, de la infraestructura industrial de Iraq. Les permitió determinar, con un alto nivel de exactitud, que Iraq no estaba reconstruyendo sus programas de armas y que le faltaban los medios para hacerlo sin una inyección de tecnología avanzada y una inversión significativa de tiempo y dinero (...) Mientras se sucedieron los controles, Iraq nunca representó una amenaza para nadie".

El problema es que cada vez se enrareció más la labor de los inspectores, que fueron acusados, en 2000, de estar espiando para Estados Unidos. En adelante, pese a las reiteradas amenazas de guerra y al incesante castigo aéreo angloamericano en las zonas de exclusión. La prohibición de las inspecciones constituyó el mayor argumento para un ataque. Mohammed Hussein, quien fuera encargado de negocios de Iraq en España, apeló a una solución negociada: "Iraq tiene la intención de dialogar con la ONU para llegar a una solución también en este asunto. Eso no significa que estemos de acuerdo con que los inspectores vuelvan mañana, pero sí expresa la voluntad de nuestro país de llegar a un acuerdo a través del diálogo". El asunto es que esos deseos no se corresponden con la actualidad mundial y Saddam Hussein se arriesgó a malinterpretar de nuevo la situación mundial.

El dos de octubre de 1992, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó la confiscación de los fondos iraquíes en el extranjero, producto de las exportaciones de petróleo, con el objetivo de pagar las indemnizaciones de guerra y sufragar las actividades de la ONU en suelo iraquí. Era el primer paso para un embargo económico que se mantuvo durante mucho tiempo en vigor.